Universidad Ariel de Israel fue indemnizada por el gobierno de España

08/Ene/2016

Latam Israel

Universidad Ariel de Israel fue indemnizada por el gobierno de España

El Gobierno de España ha reconocido que la descalificación en el 2010 de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Ariel fue ilegal y realizada por consideraciones políticas bajo el argumento que dicha Universidad está en la zona de Judea y Samaria. Los estudiantes ganan nuevamente al movimiento de des-legitimación BDS cuyo objetivo alrededor del mundo es promover el boycot a Israel.
El gobierno español ha transferido 100.000 euros a la Universidad de Ariel, en compensación y reconocimiento del incidente. El mismo conlleva un “importante precedente legal” contra la campaña de grupos propalestinos que piden el boicot a Israel.
España indemniza al centro académico israelí por su expulsión del concurso de arquitectura Solar Decathlon Europe 2010. En septiembre del 2009, la organización reconoció que la descalificación del equipo israelí no se debió a motivos profesionales, sino “porque se encuentra en el territorio disputado de Judea y Samaria”. “El Gobierno ha tenido que aceptar que, al excluir a la Universidad Ariel del concurso internacional, su organizador, el Ministerio de Vivienda, había conculcado el derecho constitucional de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución.
La decisión de expulsar a la universidad israelí se considera completamente injustificada, al no poderse acreditar tratado o ley alguna, española o europea, para sustentarla”, afirma en un comunicado la organización española proisraelí ACOM (asociación Acción y Comunicación en Oriente Medio).
“El Consejo de Estado ha concluido que procede a declarar nula de pleno derecho la decisión del Gobierno Zapatero en el 2009”, según se añade desde Madrid. Además se ha dado cuenta que, “los documentos que obran en el expediente administrativo incluyen prueba de la presión ejercida por BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel). La decisión demuestra la nula base legal de los argumentos del movimiento BDS en España y Europa”.
En septiembre del 2009, la Universidad Politécnica de Madrid y el ministerio de Vivienda notificaron que la descalificación. “No tiene que ver con el nivel del trabajo académico ni del proyecto. El equipo de Ariel siempre se ha destacado por su profesionalidad y rigor en su participación”, señaló el director general del concurso Sergio Vega. Y reveló: “La decisión ha sido tomada por el Gobierno de España basada en el hecho de que dicha universidad se encuentra situada en Judea y Samaria. El Gobierno de España se ve obligado a respetar los acuerdos suscritos en los ámbitos de la Unión Europea y Naciones Unidas respecto a esta zona geográfica”.
Estudiantes árabes en la Universidad Ariel
“Habíamos llegado casi a la etapa final por lo que la decepción fue enorme. Fue un golpe para la Universidad Ariel, incluyendo todos sus estudiantes árabes“, explica uno de los estudiantes afectados que viajó en vano a España. Según él, “Ariel está en Samaria y no en un territorio ocupado”. En la demanda presentada por un despacho de abogados en Madrid contra Vivienda exigió una indemnización de 230.00 euros. Según recoge la prensa israelí, el Gobierno español aceptó en 2014 pagar ante “el temor a la derrota judicial” reconociendo que “la Universidad Ariel no fue tratada de la misma forma que el resto de participantes”. La transferencia de 70.000 euros se suma a una previa de 30.000 euros.
Para el liderazgo palestino y los grupos que apoyan el boicot a Israel dicha universidad “no tiene legitimidad al estar en una colonia ilegal según el Derecho internacional situada en territorios ocupados por Israel desde la guerra del 67”. BDS lidera una campaña internacional que afirma luchar “contra el apartheid y ocupación de Israel”. El rector de la Universidad de Ariel, Yigal Cohen-Orgad, considera que “la decisión de declarar la expulsión como nula e ilegal es la respuesta moral y judicial a los intentos de boicotear a Israel. La descalificación que sufrimos tras la presión de BDS supuso una contradicción de los tratados internacionales firmados por España como miembro de las Unión Europea”.